“En memoria de los niños no nacidos, 13 de marzo 2018”. Esa era la leyenda que se leía en cada uno de los 36 pequeños ataúdes blancos que el personal de la Policía de Quito portaba en la ceremonia previa a la sepultura de los mismos en dos fosas comunes del Cementerio de Santa Rosa, al sur de la capital ecuatoriana.
La Arquidiócesis de Quito y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses han emprendido esta tarea después de haber hallado los pequeños cuerpecitos sin vida en distintos puntos de las provincias de Pichincha, Santo Domingo y Tungurahua, y en algunos casos permanecieron por más de tres años en custodia en cavas de congelación.
La legislación ecuatoriana es sumamente estricta en cuanto al tema de la interrupción del embarazo y solo la admite bajo dos circunstancias específicas: En primer lugar, cuando la salud de la madre corre peligro; o en caso de que el embarazo sea producto de una violación y además la madre padezca de alguna enfermedad mental comprobable.
Según los artículos 148 y 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) el aborto, en caso de ser “no consentido”, la persona que lo provoque “será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. En el supuesto de que sea “consentido” habrá cárcel de uno a tres años para quien haga abortar a una mujer y de seis meses a dos años para la fémina que lo permita.
Esta es la segunda actividad de este tipo que se lleva a cabo en Quito. La primera tuvo lugar en julio de 2017 cuando fueron enterrados 51 cadáveres.
Martha Villamarín, coordinadora de Métodos del Servicio de Medicina Legal, dijo que otros 125 fetos se hallan en los laboratorios forenses de Ecuador, que serán enterrados tras una serie de estudios especializados.
A través de estas acciones se busca darles sepultura a los pequeños, pero también, de alguna manera, brindarles un cierto alivio espiritual a las madres de las criaturas al materializar un espacio físico donde puedan concurrir a la hora de recordar y de alguna manera encontrarse con sus pequeñas almas.
Realmente es necesario que se realicen campañas de educación reproductiva alrededor del mundo con el fin de evitar la proliferación de abortos clandestinos que ponen en grave peligro la vida y la salud de las madres, en su mayoría jóvenes que no han culminado su proceso de maduración fisiológica ni emocional.
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